La obra nueva se dispara en Cataluña para hacer frente a la demanda, pero ya no solo con la vista puesta en Barcelona, sino en otros horizontes. En comparación con los mismos municipios estudiados en 2018, en 2019 se registraron 287 promociones de obra nueva, un 40,3% más, y 4.754 viviendas, un 131,3% más, es decir, más del doble de viviendas en venta. Una de las conclusiones del estudio Oferta de Vivienda de Nueva Construcción en Catalunya 2019, elaborado por Assosiació de Promotors de Catalunya (APCE), es que se ha disparado la vivienda sobre plano, siendo el 68% del total de las ventas.
El estudio analiza la vivienda libre de nueva construcción en venta en los 102 municipios más relevantes en el ámbito de la vivienda, en los que se ha inventariado 1.000 promociones de nueva construcción con un total de 8.376 viviendas a la venta y ha analizado las principales variables: producción, superficie, precio de venta y precio del metro cuadrado útil y características de las viviendas.
El presidente de la APCE Lluís Marsà ha explicado que el estudio refleja un mercado más dinámico que el año pasado con más edificación más allá de la primera corona y un incremento generalizado de la oferta en todas las demarcaciones, y han sostenido que «el principal reto y la gran problemática» es el acceso a la primera vivienda. «La actividad se está extendiendo fuera de la zona metropolitana con más actividad en otras coronas, es muy bueno para el país, creamos riqueza en todo el territorio y vemos que el proceso que anunciamos, que lo de Barcelona se extendería en la primera corona, ya se ve», ha defendido Marsà.
La media de los municipios estudiados en las provincias de Cataluña muestra incrementos, tanto del número de promociones como de las viviendas en venta respecto al año anterior. En Barcelona se contabilizaron 648 promociones, de las que solo han llegado a la venta un 47,5%, reforzando una de las conclusiones del estudio y la venta tempana sobre plano. Girona, por su parte, aglutinó 170 promociones (38,2% en venta), mientras que Tarragona y Lleida fueron 99 promociones (49,7% en venta) y 83 promociones (37,4%), respectivamente.
Marsà también ha alertado de que hasta 2007 Catalunya producía más vivienda que la Comunidad de Madrid, y ahora esta última duplica la producción catalana: «Es un tema muy preocupante, hay que analizarlo en profundidad. Esto puede hacer que si no producimos las viviendas necesarias que pide la población, se tensionen los precios y peligren puestos de trabajo y actividad productiva».
Críticos con el Decreto Ley
El presidente de la asociación también alertó de que el Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ya ha aprobado la Generalitat y el Parlament puede suponer un freno del mercado del alquiler que provoque un aumento de los precios.
«Dificultará mucho las operaciones, la construcción y, a medio plazo, desgraciadamente para el territorio puede suponer un freno. Y entonces puede tender, por consecuencia de la oferta y la demanda, a que los precios suban y el alquiler también suba o se deje de hacer, que aún será más grave», ha dicho.
Marsà ha criticado que habrá que ofrecer una vivienda en situaciones de emergencia habitacional cuando finalicen los contratos y ha lamentado «que se haya incorporado la legalización de las ocupaciones en ciertos supuestos, a los que también tendría que ofrecerles vivienda a los ‘okupas’ sin ningún título legal».
En un manifiesto junto a otros actores del sector inmobiliario, la APCE ya alertó a finales de enero de que el Decreto Ley obliga a las personas físicas o jurídicas tenedoras de más de 15 viviendas a ofrecer una renta social por un período de hasta 14 años y calculada según los ingresos de los inquilinos en riesgo de exclusión social.
«Es una anomalía europea. No conozco ningún sector que no sea monopolístico o reglado en que las cargas de la gente que está en emergencia habitacional corran a cargo de los privados. Francia este año destinará 20.000 millones de euros para complementar las rentas de las familias que están en situación de emergencia habitacional», ha añadido.
Ha criticado que la introducción de nuevas cargas de vivienda protegida comporta inseguridad jurídica; y también ha lamentado que prácticamente dan pérdidas las operaciones de todos los operadores y asociados que han intervenido «bajo unas reglas de juego, han hecho unas adquisiciones y están tramitando unos planeamientos».
Además, considera un error fijar solo un régimen de tipología de vivienda y ha alertado de que, si desaparece el concertado, que según él permitía a las clases medias un acceso a la vivienda, puede que ahora se les esté expulsando: «Por sus condicionantes no tendrán derecho a adquirir vivienda protegida o alquiler de vivienda protegida, y en cambio el concertado permitía esta figura».
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